El sobrevuelo, ocurrido el 31 de agosto, ha provocado preocupación sobre la posible vigilancia gubernamental de dos manifestaciones pacíficas en apoyo y oposición a una intervención militar estadounidense en Siria. También provocó inquietud sobre la seguridad porque el drone sobrevoló autos a corta distancia.
“Estaba, literalmente, encima de los autos, volaba muy bajo donde podría afectar la visión”, de los conductores, dijo Abeer Patel, uno de los manifestantes. “Parecía un helicóptero de juguete. Luego me percaté de una cámara negra en el aparato”. No está claro quién operaba el avión y su vuelo parecía violar las reglas del Departamento Federal de Aviación.
Pero las protestas por el uso de drones en Houston se dan cuando los reguladores estadounidenses analizan quién puede usarlos, dónde, y qué es lo que pueden registrar.
El proyecto de privacidad de Texas se convirtió en ley el 1 de septiembre cuando el gobernador Rick Perry firmó la legislación que prohíbe las operaciones con drones sobre propiedades privadas sin el consentimiento de los propietarios. La nueva ley, que incluye excepciones en casos de emergencias, ha frustrado a las agencias policiales de Texas que compraron esos aviones.
Mientras, el congresista republicano de Texas Ted Poe presentó un proyecto de ley para impedir que los drones gubernamentales filmen propiedades privadas, o a personas, sin una orden judicial.
“El objetivo es proteger el derecho a la privacidad de los ciudadanos en una época en que la alta tecnología evoluciona constantemente”, dijo Poe.
La propuesta no exige que la Policía obtenga órdenes judiciales en casos de urgencia, cuando existe un peligro inminente de muerte o de lesiones físicas graves, actividades de conspiración que amenacen la seguridad nacional u operaciones de crimen organizado.
Sin embargo, sí exigirá que la Policía obtenga una orden judicial en un período de 48 horas tras una situación de emergencia y que justifique las filmaciones aéreas si hay detenciones,
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